Andrea Chinazzo y Álvaro González Gervasio.
Una de las principales herramientas utilizadas hasta la fecha en Uruguay para combatir las
amenazas ambientales ha sido la creación de Áreas Protegidas.
Las primeras Áreas Protegidas del país se establecieron a principios del siglo XX, cabe indicar
que al inicio de ese siglo ya existían 26 áreas, concediéndoseles un grado de protección legal a
través de diferentes leyes, decretos nacionales o resoluciones municipales. No obstante es
recién en el año 2000 que con la sanción de la ley se estableció propiamente dicho un sistema
nacional de áreas protegidas, en el Uruguay.
A través de una serie de esfuerzos del Gobierno y con el apoyo del FMAM a través del PNUD se
creó la base jurídica del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en 2000 cuya
reglamentación fue aprobada en el año 2005 a través del Decreto 50/2005.
Cabe mencionar que las dos primeras áreas protegidas fueron incluidos en el sistema en el año
2008, luego de seguir con éxito es procedimiento de ingreso. Como bien lo señalan los
estudiosos del tema, debido a los altos niveles históricos de actividad productiva que han
afectado a la mayoría del país, y la ausencia de grandes extensiones de tierras \»improductivas\»
(como las montañas y los desiertos), la formación de un patrimonio nacional de AP en Uruguay
ha sido un reto hacia la protección del ambiente. Las áreas establecidas originalmente tenían
características y objetivos muy heterogéneos y fueron creados en gran medida de una manera
ad hoc, y no como parte de una estrategia para la conservación de la diversidad biológica.
Con la ayuda financiera de organismos internacionales, Uruguay ha podido desarrollar un
proyecto de fomento al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay, ello ha redundado
en importantes avances en la consolidación de las mismas, contando para ello con una sólida
base legal, así como también con directrices aprobadas que describen los criterios para la para
la creación formal de un áreas protegida o la incorporación de las ya existentes al sistema.
Es preciso indicar que en dicho proceso se asegura la participación ciudadana local, a través de
consultas a los actores más relevantes y audiencias públicas, entre otras. Hasta la fecha, se han
aprobado 11 áreas protegidas que cubren 129.153 hectáreas, estando a estudio aún 5 más las
cuáles abarcarían un total de 230.182 hectáreas.
Actualmente la legislación habilita tanto a instituciones públicas, como privadas como ser las
provenientes de la sociedad civil organizada la gestión de las áreas protegidas, de conformidad
con los requisitos ambientales, sociales y económicos previstos para ello, en el Plan de Manejo
desarrollado y aprobado para cada área. Dicho Plan deberá ser consensuado por los actores
públicos y privados concernidos en la gestión y conservación de cada área.
Otro aspecto de enorme significancia para la preservación del ambiente está dado por las
grandes reservas de fauna y flora que albergan las áreas protegidas, dado que son espacios
imprescindibles para la protección de la biodiversidad.
En la actualidad el SNAP cuenta con una lista de especies prioritarias para su conservación,
identificando 27 mamíferos, 53 aves, 16 anfibios, 30 reptiles, 18 moluscos terrestres y 788
especies de plantas.
Finalmente resta decir que la autoridad pública competente es el Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, responsable de aprobar la gestión del Plan de
Manejo y su supervisación, quien actúa mancomunadamente con las Comisiones Asesoras
Específicas integradas representantes del Poder Ejecutivo, las autoridades locales, municipios,
los propietarios de las tierras incorporadas a las áreas protegidas, los residentes locales en la
zona y las ONG ambientales con las actividades relacionadas con el área. En la mayoría de las
plataformas de desarrollo rural promovidos por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca,
también funcionan estas comisiones.
Es de destacar la participación especial del Ministerio de
Turismo y Deporte quien desarrolla actividades de educación, promoción y gestión de turismo
responsable en dichas áreas.